La incertidumbre, el enojo y la preocupación marcan el día a día de los trabajadores de Vialidad Nacional, luego de que el Gobierno anunciara oficialmente su disolución mediante un decreto publicado el pasado martes.
En diálogo con LA GACETA, Gabriel Acosta, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, brindó un crudo panorama de la situación: “Desde el martes vivimos en una total incertidumbre. No sabemos si seguimos con seguros para salir a trabajar, ni qué va a pasar con nuestras tareas”, sostuvo.
Según explicó Acosta, el proceso de disolución no será inmediato, pero ya impacta directamente en el funcionamiento de las oficinas y campamentos del organismo: “Debemos boletas de luz, de gas, y muchas veces no nos cortan los servicios por consideración. Nos están dejando sin recursos básicos para trabajar”.
El secretario sindical remarcó que el cierre de Vialidad Nacional no solo pone en riesgo 5.500 puestos de trabajo a nivel país -190 de ellos en Tucumán-, sino que también afecta el mantenimiento básico de la infraestructura vial argentina: “Vialidad no es solo cortar pasto. Nosotros calzamos banquinas, bacheamos, hacemos despeje de badenes, señalamiento, retiramos vehículos accidentados, y tenemos un laboratorio de primer nivel para controlar materiales. Nadie más tiene la capacidad de hacer eso”.
En la actualidad, los trabajadores realizan retención de tareas a la espera de una respuesta concreta. “Estamos esperando lineamientos desde Buenos Aires. Hasta ahora solo hay versiones de que podrían absorber a algunos en otras secretarías, pero ni siquiera existen esas estructuras todavía. Lo cierto es que están vaciando Vialidad para privatizar todo”, advirtió Acosta.
También recordó que el personal de Vialidad Nacional fue clave ante emergencias como el operativo Nieve o las inundaciones en Bahía Blanca: “Cuando hay una catástrofe, los primeros en llegar somos nosotros. No trabajamos solo ocho horas. Cuando hay que estar 12 o 13, estamos. Tenemos la camiseta bien puesta”.
Acosta informó que el gremio solicitó una audiencia urgente en Casa de Gobierno y pidió que los gobernadores se involucren activamente. “Las rutas nacionales también son de las provincias. Si no las mantenemos nosotros, el impacto se va a notar en pocos meses. Los gobernadores también van a tener que explicar por qué las rutas se rompen y nadie las arregla”.
La posibilidad de judicializar el conflicto ya está en marcha: “Nuestros abogados trabajan en amparos, pero necesitamos el respaldo político. Este no es un problema sólo sindical, es un problema de infraestructura nacional”.
¿Y después qué?
Una de las preguntas que resuena entre los trabajadores es: ¿quién va a hacer el trabajo que hoy realiza Vialidad Nacional? Acosta fue contundente: “No sabemos. No hay ninguna estructura privada ni estatal que hoy esté en condiciones de hacer lo que hacemos nosotros. Si desaparecemos, las rutas van a quedar libradas a su suerte”.